Un grupo de ex jefes de Estado y de Gobierno, que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), manifestó su preocupación por “la intempestiva indagatoria”, según detallaron en un documento público, del ex presidente Mauricio Macri, quien es investigado por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

Macri dijo que el juez lo procesará porque ya lo prejuzgó

“Los exjefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), en conocimiento de las investigaciones que realiza un juzgado federal argentino relacionadas con la tragedia del hundimiento de un submarino de la Armada, el ARA-San Juan, ocurrido el 17 de noviembre de 2017, expresa su grave preocupación por la intempestiva indagatoria abierta al expresidente Mauricio Macri”, comenzó la carta difundida hoy.

Macri confirmó que el miércoles se presentará a la indagatoria

Así, los miembros de IDEA alertaron que la audiencia judicial fue suspendida ”de manera sorpresiva, sin observarse lapsos de tiempo”, al tiempo que destacaron el contexto electoral que atraviesa al país.

“El presidente Alberto Fernández levantó por decreto dicha obligación de reserva para facilitarle al juez su expeditiva indagación”, se remarcó en la misiva, que subrayó: “El contexto electoral y el carácter expeditivo de lo decidido por el actual gobernante de la República Argentina, sobre un tema institucional muy delicado pone en entredicho, en el caso, a uno de los elementos esenciales de la democracia, a saber, la separación e independencia entre los poderes del Estado, tal y como prevé la Carta Democrática Interamericana”.

Y continuó: “Todo ciudadano y no solo un expresidente ha de contar con las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva; derechos que siempre se ven afectados en los supuestos de colusión indebida entre los titulares de los órganos del poder público y la Justicia, aún más cuanto median motivaciones políticas y no la legítima reivindicación de derechos afectados y justiciables”.

El documento lleva la firma de los ex mandatarios Oscar Arias (Costa Rica), José María Aznar (España), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Felipe Calderón (México), Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador) Vicente Fox (México), Federico Franco (Paraguay), Eduardo Frei (Chile) y César Gaviria (Colombia).

También la firmaron Lucio Gutiérrez (Ecuador) Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Jamil Mahuad (Ecuador), Carlos Mesa (Bolivia), Mireya Moscoso, (Panamá), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Julio María Sanguinetti (Uruguay), Luis Guillermo Solís (Costa Rica), Álvaro Uribe Vélez (Colombia) y Juan Carlos Wasmos (Paraguay).

Los ex mandatarios advirtieron que la “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido concluyente al señalar de modo reiterado ‘que la separación de poderes guarda una estrecha relación, no sólo con la consolidación del régimen democrático, sino que además busca preservar las libertades y derechos humanos de los ciudadanos’”.

Tras la fallida audiencia, el juez Martín Bava citó para el miércoles próximo a Mauricio Macri a declarar en indagatoria.

La nueva convocatoria es para las 12 del miércoles 3 de noviembre y el expresidente deberá participar de modo presencial, pese a que su abogado, Pablo Lanusse, le había pedido al juez que las futuras audiencias se realizaran por Zoom.

El expresidente Macri está acusado de seis hechos de espionaje ilegal sobre familiares de las víctimas del ARA San Juan. La última semana se presentó en Dolores y fue formalmente informado de esos cargos en su contra. Así empezó su indagatoria, que se suspendió minutos después, cuando el secretario del tribunal informó que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en respuesta a una consulta del juzgado, había manifestado que no le correspondía a ella relevar a un expresidente del secreto de inteligencia porque esa atribución no le había sido delegada por el Presidente. “¿Y el relevamiento por parte del Presidente?”, preguntó entonces Lanusse. El fiscal Juan Pablo Curi coincidió con la defensa en que esa dispensa era necesaria y Bava levantó la audiencia.

El juez dejó asentado que discrepaba con esa interpretación, pero dijo que de todos modos, a pedido de las partes y “a fin de no afectar el derecho de defensa” de Macri, solicitaría la autorización presidencial.

El mismo día, Alberto Fernández eximió a Macri de la obligación de guardar secreto y habilitó así a Bava a establecer una nueva fecha para escuchar finalmente al expresidente.